La Consejería de Justicia se ha propuesto ver quién lleva la razón en el cruce de críticas y opiniones contrapuestas mantenidas en los últimos meses entre la Administración de Justicia y sus trabajadores. La consejera Evangelina Naranjo se comprometió ayer a acometer la reestructuración y refuerzo de los recursos humanos que tanto le han pedido los funcionarios, pero, a la vez, anunció que esta reordenación se hará de acuerdo con los resultados de un estudio sobre el rendimiento de todos los funcionarios de los juzgados que están a cargo de la Junta de Andalucía: tramitadores, gestores, funcionarios de auxilio judicial y médicos forenses. En total, más de 7.200 trabajadores.

El estudio se hará en una sola provincia, pero los resultados se considerarán extrapolables a las demás. Naranjo y representantes de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordaron ayer que el análisis se centre en la provincia de Málaga. Según el presidente del alto tribunal, Augusto Méndez de Lugo, la decisión se basa en que esta provincia es un "exponente claro" de los problemas sobre recursos humanos más habituales en los juzgados y además cuenta con varios juzgados especializados y con diferente carga de trabajo.

Una empresa de gestión de recursos humanos aún por determinar será la encargada de realizar un seguimiento paso a paso y en su lugar de trabajo a todos los funcionarios de los alrededor de 125 órganos judiciales de esta provincia. De ahí que en la elección de Málaga como sede del estudio también ha debido pesar que es la única provincia en la que todos los órganos judiciales de la capital están ya instalados en la ciudad de la justicia, lo que facilitará la tarea de los encargados de hacer el informe.

Estas personas se desplazarán a cada órgano judicial para hablar con los funcionarios y observar cómo desarrollan su jornada laboral, cómo se organizan, qué carga de trabajo soporta cada puesto y cuánta gente hace falta realmente para sacar adelante ese trabajo. Una vez que acaben el trabajo, sus conclusiones se enviarán al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, a los que también se les solicitará la reordenación y refuerzo de recursos que, en función del estudio, se consideren necesarios.

El objetivo es que el informe esté terminado en el primer semestre de 2010. El trabajo se realizará en tres fases. En la primera, que durará unos dos meses, se hará el diseño, la elaboración y la introducción de información en la base de datos de los servicios judiciales de Andalucía; de la segunda, con una duración prevista de tres meses, saldrá un inventario y la identificación del personal adscrito a la Administración de Justicia de Andalucía; y la tercera, que abarcará seis meses, supondrá la elaboración y definición de todos los puestos de trabajo de la Consejería de Justicia en Málaga. Este punto del estudio será el que cuantifique las cargas de trabajo que soporta cada puesto en función de los procedimientos que están a su cargo. De aquí debe salir también cuál debería ser la composición óptima de los recursos humanos de cada órgano judicial.

Fuente: Elpais.com